El Gobierno aprueba la Ley de IA: hasta 35 millones de euros en multas, deepfakes sexuales prohibidos y transparencia obligatoria sobre contenidos generados por máquinas.”
España pone límites a la inteligencia artificial
El Gobierno aprueba la Ley de IA: hasta 35 millones de euros en multas, deepfakes sexuales prohibidos y transparencia obligatoria sobre contenidos generados por máquinas.
Una ley que adapta Europa al mundo digital
El Consejo de Ministros de España aprobó este martes el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, un texto que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento europeo de IA y establece un régimen sancionador para quienes incumplan sus disposiciones más graves.
La iniciativa parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y su objetivo declarado es garantizar un uso «ético, inclusivo y beneficioso» de estas tecnologías. El proyecto será remitido ahora a las Cortes Generales para completar su tramitación parlamentaria, aunque ya fue sometido a información pública desde un primer anteproyecto aprobado en marzo de 2025 y fue revisado por órganos como el Consejo General del Poder Judicial.
«Garantizar un uso ético, inclusivo y beneficioso de la inteligencia artificial.»
Lo que queda terminantemente vedado
La futura ley establece una categoría de usos considerados «de riesgo inaceptable», cuya práctica quedará directamente prohibida. Entre ellos figuran los sistemas que empleen técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas con el fin de alterar la capacidad de decisión de una persona o modificar su comportamiento de forma relevante y en su perjuicio.
También se prohíbe expresamente aprovechar las vulnerabilidades de individuos o grupos por razón de edad, discapacidad o situación social y económica. La norma sigue el esquema de la legislación europea, que clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo: los inaceptables se prohíben; los de alto riesgo, en cambio, no se vetan, pero quedan sujetos a obligaciones reforzadas.
Cuando un contenido —imagen, audio, vídeo o texto— haya sido generado o manipulado artificialmente, quien lo difunda estará obligado a informarlo de manera clara. Esta medida busca que los ciudadanos puedan distinguir la realidad de la ficción algorítmica.
Las multas: un sistema escalonado
El régimen sancionador es, sin duda, el núcleo más polémico y contundente del proyecto. Las infracciones más graves, ligadas a prácticas prohibidas, podrán castigarse con multas de hasta 35 millones de euros o con el 7% del volumen de negocio mundial del infractor en el ejercicio anterior, aplicando la cantidad que resulte superior.
Para las infracciones muy graves vinculadas a herramientas de alto riesgo, el techo se sitúa en 15 millones de euros o el 3% de la facturación global. La ley también contempla medidas complementarias, como la retirada del mercado, la desconexión o la prohibición de una herramienta cuando haya causado un incidente grave o represente un riesgo inaceptable.
Prohibida
Alto Riesgo
La batalla contra los desnudos falsos
El proyecto incorpora la prohibición de los sistemas capaces de generar o manipular imágenes, vídeos o audios realistas de contenido sexual sin el consentimiento de la persona afectada. España impulsó esta medida en el debate europeo tras la difusión masiva de desnudos falsos de mujeres y menores creados con herramientas de IA.
La cuestión afecta de lleno a los llamados deepfakes, una de las aplicaciones más controvertidas de la IA generativa. Aunque tienen usos creativos o informativos legítimos, también se utilizan para suplantar identidades, difundir bulos, cometer fraudes o generar contenido sexual falso sin consentimiento.
El reglamento europeo ya recogía obligaciones de transparencia para las denominadas ultrasuplantaciones: contenidos de imagen, audio o vídeo que se asemejan a personas, objetos, lugares o sucesos reales hasta el punto de poder confundirse con material auténtico. En esos casos, quien los utilice deberá señalar expresamente que han sido creados o modificados de forma artificial.
¿Quién vigilará el cumplimiento?
La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) ocupará el papel central en la vigilancia del cumplimiento de la nueva ley y en la coordinación con otras autoridades nacionales y europeas. España creó la AESIA antes incluso de completar la adaptación interna del reglamento comunitario.
El texto contempla también que cualquier ciudadano pueda comunicar posibles infracciones, incluso de forma anónima, con el fin de facilitar la investigación de usos indebidos que puedan afectar a derechos fundamentales o causar daños relevantes a personas o colectivos.
Las administraciones, fuera del régimen de multas
Uno de los puntos más cuestionados durante la tramitación es el tratamiento diferenciado que recibe el sector público. Varias asociaciones de usuarios y expertos en derecho digital han criticado que el texto excluya a las administraciones del régimen de sanciones económicas.
Cuando una administración cometa una infracción, la respuesta será una resolución que declare el incumplimiento, acompañada de un apercibimiento y medidas correctoras. Podrán abrirse expedientes disciplinarios contra los responsables, pero no se impondrán multas como las previstas para empresas privadas. Los críticos sostienen que esta asimetría debilita la protección de los ciudadanos frente al uso de sistemas automatizados en ámbitos como prestaciones sociales, empleo, seguridad o justicia.
